Vivimos, en teoría, en democracia. La Constitución, explícitamente, dice que el nuestro es un "estado social y democrático de derecho" (Título preliminar, artículo 1). La Constitución dice que es voluntad del pueblo español:
"Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo." (Preámbulo)
Y más adelante, en el mismo apartado:
"Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida."
Y por si no estuviera suficientemente claro:
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia...” (Capítulo II, artículo 35)
"Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo." (Capítulo III, artículo 40)
Y por si todavía hubiera alguna duda de lo que significaba la palabra "social" para los que redactaron el texto constitucional:
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación." (Capítulo III, artículo 47)
Es evidente que los poderes públicos elegidos por la soberanía popular y regulados por la Constitución no están cumpliendo la voluntad del pueblo español. En España hay actualmente 10 millones de pobres y 4 millones y medio de parados, que obviamente no gozan de una "digna calidad de vida", y hay 3 millones de viviendas vacías mientras miles de personas son expulsadas de sus casas porque no pueden hacer frente al pago de unas deudas demasiado onerosas para poder pagarlas. Sin embargo, los especuladores (a los que, según la Constitución, los poderes públicos deberían combatir) gozan de más consideración por parte del estado. Hace dos años aproximadamente el gobierno español inyectó miles de millones de euros de dinero público en la banca privada española para evitar su bancarrota. ¿Por qué no está empleando esos mismos recursos para “rescatar” a las familias que se están quedando en la calle por culpa de la crisis? ¿Por qué no está promoviendo políticas de creación de empleo a través del aumento del gasto público? Porque, de hecho, sucede lo contrario, el gobierno está disminuyendo las posibilidades de creación de empleo al llevar a cabo grandes recortes en los gastos del estado. En otras palabras, ¿por qué las leyes vigentes y la política del gobierno son tan contradictorias con lo que ordena claramente la Constitución? No es posible evitar llegar a la conclusión de que los mismos poderes públicos (parlamento, gobierno, poder judicial) que tienen como misión garantizar una digna calidad de vida a todos los españoles y promover la equidad social como norma de convivencia se dedican, por el contrario, a promover un orden social y económico injusto, contraviniendo el ordenamiento constitucional de forma totalmente arbitraria (y, por lo tanto, convirtiendo en papel mojado a la propia Constitución y en una quimera a la misma Democracia).
Nuestro estado apuesta por una economía capitalista sin apenas trabas, en la que prima el interés privado por encima del bien público y en la que se practica una política económica basada en la "teoría del goteo", es decir, hagamos a los ricos más ricos de lo que son y, de esta forma los pobres veremos cómo aumenta nuestro bienestar gracias a las migajas que caen de la mesa de los millonarios. A nadie con dos dedos de frente se le escapa que eso no tiene nada que ver con la realidad. En los años que llevamos de democracia teórica, los poderes del estado, esto es, el ejecutivo y el legislativo (amparados por unos tribunales que no han hecho su labor de velar que las leyes aprobadas por el legislativo respeten el ordenamiento constitucional establecido), se han dedicado a ensanchar las diferencias entre ricos y pobres.
Según el informe número 4 del Seminario de Economía Crítica Taifa (“Hay pobres porque hay muy, muy ricos”, pág. 8), en los últimos treinta años “ha tenido lugar una redistribución masiva y continuada del ingreso nacional en detrimento de los ingresos por trabajo y a favor de los beneficios de capital”. Desde el año 1980 (la Constitución española fue aprobada en 1978) los salarios reales están estancados y entre 1995 y 2005 (hasta donde tenemos cifras) el poder adquisitivo medio ha bajado un 4%. Esto quiere decir que el crecimiento económico de los últimos 30 años “ha ido casi exclusivamente a los beneficios del capital”, en otras palabras, que los ricos se han hecho más ricos a costa de los que son más pobres que ellos. Esto tira por tierra la famosa “teoría del goteo”, que en la realidad no se cumple, y deja en el más ridículo de los entredichos la política económica que han ido siguiendo -con mayor o menor rigidez a la hora de aplicar la doctrina neoliberal oficial- prácticamente todos los gobiernos de la Democracia.
Hay más datos que confirman que la crisis actual no es un fenómeno coyuntural, sino que es el resultado de unas políticas públicas que vienen poniéndose en práctica desde que los políticos decidieron que los poderes privados (especialmente, los financieros) eran los que debían dictar las reglas de funcionamiento de la economía. Esto no es algo exclusivo del estado español, sino que es un fenómeno histórico que se repite en los estados de nuestro entorno geográfico y económico más inmediato. Por ejemplo, en la Unión Europea de los 15, el salario real ha aumentado cada año un 0.9% menos que la productividad. Mientras que la riqueza creada en los últimos 20 años ha aumentado un 40%, los salarios reales sólo subieron un 15%. ¿Dónde está el 25% restante? Muy sencillo, ese 25% de riqueza creada con el esfuerzo de todos se lo han quedado las rentas del capital. Obviamente esto entra en contradicción con el principio que, por mandato constitucional, deben seguir los poderes públicos: promover una redistribución de la riqueza producida por el país en aras de una mayor equidad social que garantice la convivencia en libertad y en democracia (siguiendo el principio republicano de que sólo puedes ser realmente libre si no dependes de otro para vivir).
Pero es que incluso cuando el estado se dedica a invertir recursos públicos procedentes del trabajo (porque todos los impuestos recaen en realidad sobre las espaldas del trabajador, aunque el estado los cobre directamente a los capitalistas, porque éstos a su vez han extraído antes un plusvalor al producto que los trabajadores han creado con su trabajo, del cual los capitalistas sacan su dinero para pagar los pocos impuestos que pagan) se percibe un deseo por parte de los poderes públicos de redistribuir la riqueza, pero al revés de lo que manda la ley; en lugar de a favor de los que menos tienen, a favor de los que más tienen. Un ejemplo perfecto son las inversiones que está llevando a cabo el gobierno en el transporte ferroviario, un tipo de transporte que, en teoría, debería funcionar como factor de redistribución de la riqueza debido a lo siguiente: es más redistributivo invertir en una línea ferroviaria que en una carretera porque un billete de tren está relativamente al alcance de cualquier bolsillo, mientras que comprarse un coche y sufragar los gastos que conlleva su mantenimiento, aún lejos de ser un lujo exclusivo (de momento), se lo pueden permitir cada vez menos personas. Pues bien, hasta esto tan elemental se está incumpliendo. España presume de ser el país con más líneas de ferrocarril de alta velocidad del mundo (Francia tiene aproximadamente mil kilómetros y hace años que no construye un metro de línea, mientras que en España habrá en el 2020 más de 10.000). Según Juan Ramón Ferrandis, portavoz del sindicato SFF-CGT, el AVE sólo es utilizado por el 2% de la población, mientras recibe del estado el 87% de la inversión total en ferrocarriles. Por el contrario, sólo se destina el 13% del presupuesto al ferrocarril que utilizan los trabajadores, "pese a ser el utilizado por el 98% de los usuarios". La desproporción es brutal. Por si fuera esto poco, el AVE es un transporte "público" deficitario debido a sus altísimos costes de mantenimiento (el tren de alta velocidad consume un 400% más de energía que el tren convencional), que no pueden ser cubiertos por el precio que cuesta el billete. Se calcula que se necesitan como mínimo 4 millones y medio de usuarios para poder cubrir los costes del AVE Madrid-Valencia recientemente inaugurado, mientras que se prevé una afluencia de sólo 3 millones. Y no sólo eso: el AVE -en palabras de Ferrandis- "desvertebra el territorio" al hacer desaparecer el ferrocarril convencional, condenando a los que no se pueden permitir usarlo a utilizar el transporte por carretera, y es un medio de transporte con un altísimo coste ecológico.
Todo esto demuestra cuan lejos de cumplirse está el mandato que tienen los poderes públicos de velar por el bien común, como en teoría deberían hacer si realmente respetaran la Constitución que juraron cumplir cuando ocuparon sus cargos.
oscar martínez 
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